Coacción al voto, delito electoral más frecuente

  • 02 May, 2018
  • NOTICIAS LOCALES

La imposición al voto y actos proselitistas por parte de funcionarios a favor de un partido político, son los delitos en materia electoral más recurrente en la entidad; en lo que va del actual proceso, ya se ha recibido una denuncia, misma que se está investigando, así como tres reportes más, aunque todos, resultaron negativos, expuso Rosalinda Álvarez Mercado, fiscal especializada en delitos electorales de la Fiscalía de Justicia del estado.

“En este proceso electoral solamente tenemos una denuncia, en el municipio de Tlantenango, es al parecer un empleado federal que condicionó programas sociales”

“Lo que más tenemos es la coacción del voto, la coacción del voto, mostrar la evidencia del sentido el voto y, en tercer lugar, tenemos la intervención de los servidores públicos”

Sostuvo que, dependiendo de los delitos y del infractor, varían las penas, siendo las más severas para los funcionarios públicos que incurran en estas conductas ilegales, así como para los partidos o candidatos a quienes se les compruebe, actúan con intervención de la delincuencia organizada, casos que son sancionados hasta por 15 años de prisión más los delitos que se agreguen.

Refirió que no se han tenido quejas, ni en lo que va del actual proceso electoral ni en pasados, de injerencias del crimen organizado, aunque anticipó, se mantendrá una especial vigilancia para la actual jornada de elecciones.

“Cualquier persona puede cometer delito y puede alcanzar una pena de 3 meses a 6 años de prisión, pero tenemos una pena agravada, que es en el artículo 15, donde interviene la delincuencia organizada y la procedencia ilícita de los recursos, ahí nos m aneja una pena de 5 hasta 15 años de prisión”

“Un servidor pú7blico, también es de las penas más altas que puede alcanzar una pena de 2 a 9 años, pero, además, se le puede inhabilitar para desempeñar cargos públicos hasta por 6 años”

Lamentó que, en la mayoría de las denuncias, que son hechas principalmente de manera anónima, no se adjuntan evidencias que ayuden a corroborar el hecho, pues la mayoría de estos delitos ocurren de manera rápida, por lo que entre más pruebas se posean, mejor se podrá integrar el caso.

El año pasado, refirió, se interpusieron 130 denuncias, de las cuales, se mantienen únicamente 12 carpetas de investigación abiertas, dado que el resto, no se pudieron acreditar, por lo que insistió la importancia por denunciar y ofrecer datos relevantes para que los agentes ministeriales puedan realizar una mejor investigación.

“El proceso electoral anterior si tuvimos denuncias, sin embargo, he de decirle, que no se acreditaron estas denuncias, la mayoría de ellas, son denuncias anónimas, entonces no logramos establecer que en efecto, se acreditara ese delito”

“La obligación del policía ministerial es ir y corroborar ese reporte para ver si es en efecto, se está cometiendo el hecho, pero no encontramos ningún elemento para poder acreditar que se estaba dando ese delito, se entrevistó con las personas, al parecer afectadas y todas negaran se estuviera cometiendo ese hecho”

Melina González

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